En los últimos años se ha visto una proliferación de proyectos inmobiliarios en áreas rurales que vulneran la normativa vigente, simulando que continúan el destino agrícola del predio cuando en realidad cambian a destino habitacional.
“El ministerio no ha prohibido las parcelaciones, lo que ha hecho es que, ante las solicitudes de certificación de subdivisión de predios rústicos y frente a sospechas fundadas de que es evidentemente una urbanización a escondidas, con razones habitacionales, en estos casos vamos a consultar al Minvu y/o a los municipios respectivos”, así el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela se refirió a la situación de la parcelación de predios en terrenos agrícolas.
El Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ha evidenciado la proliferación de proyectos inmobiliarios de manera desproporcionada al margen de la planificación territorial, que está ocasionado un grave daño en el equilibrio ecológico de los territorios (afectación al bosque nativo, al suelo, a la fauna silvestre, al agua, etc.).
Así, la jefa de División de Recursos Naturales Renovables del SAG, Aurora Espinoza dijo que “el Servicio Agrícola y Ganadero ha observado con preocupación en los últimos años este aumento exponencial de solicitudes de subdivisión de predios agrícolas. Es así como, en el año 2019 teníamos en promedio 10 mil solicitudes y hemos subido, al año 2021, a 19 mil, un 90% de incremento. Además, estamos proyectando para el 2022 llegar a 20 mil solicitudes. Esto significa un fraccionamiento del territorio agrícola generándose una innumerable cantidad de lotes”.
“Nuestras estadísticas señalan que ya se han generado 186 mil lotes, de los cuales 153 mil lotes son de superficies que abarcan desde media a una hectárea. Muchos de esos lotes no están destinados a la producción agropecuaria, lo que significa una pérdida para el país en cuanto a su condición principal de producir alimentos. De acuerdo con lo instruido por el MINAGRI, nos encontramos perfeccionando nuestros procedimientos para mejorar el análisis de las solicitudes de subdivisión de predios rústicos. Es nuestro deseo que la gente que quiere subdividir tenga muy claro que la ley dice que debe mantener el uso agrícola de estos terrenos”, dijo Espinoza.
En esta línea, el ministro Esteban Valenzuela destacó que el trajo del ministerio será, entre otras cosas, consultar al Minvu “a la luz de lo que tenemos en los expedientes, si es un loteo urbano o es una subdivisión para personas que quieren producir con más eficiencia en terrenos pequeños, agricultura para alimentar a Chile. Haremos esas preguntas y esperamos que exista pronto un acuerdo entre los distintos ministerios y el Congreso para tener regulación de condominios rurales de baja intensidad. Obviamente nuestra opinión será tajante por ningún motivo en terrenos de calidad agrícola y por ningún motivo que eso signifique un daño al bosque nativo”.
Los estudios indican que estas parcelaciones generan un deterioro de los sistemas agroproductivos, por subdivisión de suelos para uso habitacional que tienen una alta vocación para la producción agrícola, una amenaza a la sustentabilidad local, por ejemplo, sobredemanda de sistemas de Agua Potable Rural en lugares en donde el recurso ya es escaso.
Además, se ha producido un aumento de concentración de residuos domiciliarios que demandan nuevos servicios de recolección y acopio de basura; presión para desarrollar nueva infraestructura energética y vial, que se ve saturada por el aumento explosivo y no planificado de los habitantes; aumento de la demanda a servicios básicos como Salud y Seguridad, dañando así el buen vivir de la población local; entre otros externalidades negativas dadas por la urbanización no planificada y sin contar con las medidas previstas para las instalaciones requeridas.
El asesor jurídico del Ministerio de Agricultura, Jorge Maluenda, fue enfático en señalar que “lo que se está haciendo desde el Minagri es velar por que la legislación que existe se cumpla (…) Recientemente los tribunales de justicia determinaron la obligación de que el Ministerio de Agricultura se coordine para velar por el cumplimiento de esas prohibiciones. Y coordinarse significa requerir informes a otros organismos pertinentes, especialmente en el tema de urbanismo y construcción con el Minvu y eso es lo que estamos haciendo”.
El ministro Esteban Valenzuela planteó la necesidad de un trabajo conjunto entre distintas entidades del gobierno para lograr una regulación más estructural en este ámbito. “Hay un trabajo particularmente con el Minvu y Bienes Nacionales en que vamos a seguir buscando los acuerdos para que exista una regularización más estructural que permita una vida fuera de las ciudades, pero de manera regulada con trazabilidad, sin dañar el entorno y sin hipotecar el futuro de nuestras generaciones, la seguridad alimentaria y la conservación del bosque nativo esclerófilo y valdiviano, en todo el centro sur de nuestro país”, dijo la autoridad.
Fiscalización activa
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) es la que tiene que hacer cumplir la ley y sus objetivos, específicamente la ley 20.283 de Bosque Nativo, cuyo objetivo es la conservación de este recurso en Chile.
En esta línea, el director nacional de la Conaf, Christian Little, dijo que la “conservación se entiende con objetivos amplios, uno de ellos es el manejo y la recuperación de los bosques. En ese sentido, nosotros estamos haciendo una fuerte labor de fiscalización para que se cumpla la ley para los fines que está establecida, por lo tanto, si hay parcelaciones donde existiera bosque nativo y no se cumpliera con el objetivo que es la conservación o el manejo de éste, entonces no se está cumpliendo la ley”.